La denominada Ley Antifraude corresponde a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, mediante la cual se transpone parcialmente la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, que establece normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.
Entre las distintas disposiciones introducidas, esta norma modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), incorporando, entre otros, los artículos 29.2.j) y 201 bis. Estos preceptos establecen la prohibición expresa de fabricar, comercializar y poseer sistemas o programas informáticos o electrónicos que permitan llevar contabilidades no declaradas o alterar los registros contables y de facturación sin respetar los requisitos legales de integridad, conservación, trazabilidad y accesibilidad. El incumplimiento de esta obligación se tipifica como infracción y conlleva el régimen sancionador correspondiente.